35.000 personas con discapacidad intelectual se encuentran sin empleo en España. El paro alcanza tasas de más del 60% en este colectivo. Por eso FEAPS solicita al Gobierno incluir a estas personas en su nueva agenda social.
Esta solicitud responde a la estrategia de “Incidencia Política y Social” contemplada en el IV Plan Estratégico de FEAPS, que ha sido aprobado el pasado sábado 13 de noviembre. Este nuevo Plan tendrá especial incidencia en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

 

Con motivo de la aprobación de su IV Plan Estratégico 2011-2014, FEAPS ha solicitado al Gobierno que su anunciada nueva agenda social, sea verdaderamente social, e incida de manera especial en el colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

El pasado 23 de octubre, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba que su nuevo Gobierno asumiría como una de sus tareas principales, la preparación de una nueva agenda social con el objetivo de que “las consecuencias de la crisis no generen más desigualdades sociales” y de “atender a aquellos que van a tener más dificultades en la salida de la crisis”. Asimismo afirmó que dicha agenda se centraría en estos primeros meses en las políticas activas de empleo, la formación y la conciliación laboral.

La situación económica actual está teniendo un gran impacto en la integración laboral de las personas con discapacidad y pone en peligro los avances logrados hasta el momento. A día de hoy, las tasas de actividad de las personas con discapacidad son del 35%, frente al 60% de la población en general, y las tasas de desempleo superan el 40%, frente al 20% de las personas sin discapacidad.

En el caso concreto de las personas con discapacidad intelectual, estos datos son superiores. Según estimaciones de AFEM (Asociación FEAPS para el Empleo), más de un 60% de las personas que tienen discapacidad intelectual y que están en condiciones de trabajar se encuentra en situación de desempleo. En España viven aproximadamente 230.000 personas con algún tipo de discapacidad intelectual y alrededor de 50.000 son susceptibles de ser empleadas: 10.000 de ellas ya trabajan en Centros Especiales de Empleo; otras 5.000 han accedido al empleo ordinario, y las restantes 35.000 se encuentran sin empleo.

Si a nuestro compromiso por el empleo estable y de calidad se une un marco estructural adecuado, cada vez más personas con discapacidad intelectual podrán acceder a un puesto de trabajo, lo que mejoraría su independencia, su calidad de vida y su ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía.

El artículo 27 de la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad contempla el reconocimiento de estas personas a “trabajar en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado…”

Por tanto, FEAPS solicita al Gobierno –y en especial a los nuevos titulares de la Cartera de Sanidad, Política Social e Igualdad, y del Ministerio de Trabajo–, que se esfuerce en adaptar nuestra legislación en materia de empleo a la citada Convención de la ONU, que fue ratificada por España en 2003.

Esta reivindicación del derecho al acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo viene determinada por la propia Misión de FEAPS y también por su nuevo Plan Estratégico. Este Plan, aprobado el pasado 13 de noviembre en Asamblea General, afirma que nuestra organización debe “velar por la Aplicación de la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad”, “evaluar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”, y “actuar con eficacia ante la vulneración de los mismos”. Además, el Plan contempla un área estratégica centrada en la “Incidencia Política y Social” de nuestro movimiento asociativo.

En esta misma línea, FEAPS reclama que en los próximos meses, la agenda social del Gobierno pueda contemplar otros asuntos urgentes como la aplicación de la Ley de Autonomía Personal, la accesibilidad cognitiva, o la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo; aspectos que esperamos poder proponer personalmente a la nueva ministra Leire Pajín.