La utilización de cláusulas sociales permite la promoción de empleo para personas con discapacidad y/o riesgo de exclusión social, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o el comercio justo y la compra ética.
La Administración lograría la sostenibilidad económica de las políticas sociales y la rentabilidad social.

El Grupo de Trabajo Cláusulas Sociales del Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid, del que AFEM forma parte, ha analizado las posibilidades de inclusión de criterios sociales en la contratación pública y ha elaborado un documento con propuestas concretas para que las Administraciones Públicas impulsen una gestión socialmente responsable.

En España, la contratación pública supone aproximadamente entre el 13% y el 15% del PIB (el 16% en la UE). Según la sentencia del Tribunal Supremo del 23 de mayo de 1997, “la Administración no está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta más favorable al interés público”. Por ello, las Administraciones Públicas deberían adoptar una postura firme que favorezca el empleo y la inserción sociolaboral de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el comercio justo y el consumo responsable.

Mediante la utilización de cláusulas sociales y la inclusión de aspectos de política social en los procesos de contratación pública, las administraciones consiguen además de la realización de obras, la prestación de servicios o la adquisición de suministros, la sostenibilidad económica de las políticas sociales y la rentabilidad social que supone una inversión, porque este recurso contribuye a disminuir el gasto público destinado a programas sociales, rentas básicas, subsidios por desempleo o gastos sanitarios y genera ingresos a la Hacienda Pública.  Asimismo, permite que las empresas privadas asuman su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial integrando las preocupaciones sociales y ecológicas en sus actividades comerciales.

Algunas de las propuestas planteadas a las Administraciones Públicas son las siguientes:

- Comprobar, mediante declaraciones responsables u otros medios de acreditación, que las empresas licitadoras cumplen con las obligaciones legales de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad o que no han cometido infracciones graves en materia social o de igualdad de oportunidades.
- Dar prioridad en la adjudicación de los contratos a las empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social, que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida laboral y familiar, que supervisen las condiciones laborales dignas en toda la cadena de suministro, etc. 
- Reservar determinados contratos a Empresas de Inserción registradas, a Centros Especiales de Empleo o entidades sin ánimo de lucro que tengan como objeto la inserción social y laboral de personas desfavorecidas o en situación de exclusión social.
- Reservar contratos para empresas acreditadas en igualdad de mujeres y hombres y/o cuyo capital social y administración corresponda en un 50% como mínimo a mujeres.
- Reservar contratos para organizaciones de Comercio Justo acreditadas por las redes internacionales.

Existen experiencias positivas en ayuntamientos y comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco o Navarra que pueden ser transferidas a otras administraciones, porque está comprobado que la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública supone un coste económico cero o de saldo positivo frente a otras medidas de inserción alternativas que generan mayores gastos a las administraciones y las empresas.

 

Más información y entrevistas:
Departamento de Comunicación de AFEM (Asociación FEAPS para el Empleo de las personas con discapacidad intelectual):
Tamara Bejarano: 91 383 48 76 / 615 15 71 91
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