El pasado 28 de agosto se aprobó el borrador de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en un Comité Especial de la ONU y será presentado a la Asamblea General en el próximo periodo de sesiones para su aprobación.
Tras cinco años de negociaciones, los delegados de los países llegaron a un acuerdo final sobre el que será el primer instrumento vinculante que protegerá a los 650 millones de discapacitados que existen en el mundo.
“Es la primera convención de esta magnitud de este siglo”, destacó Jan Eliasson, Presidente de la Asamblea General , quien agregó que todos los seres humanos son iguales y deben vivir con dignidad.
La convención estipula que los gobiernos de los países signatarios deberán introducir cambios en sus legislaciones para mejorar y promover el acceso a la educación y empleo de las personas con discapacidad.
Asimismo, manda la igualdad de acceso a la información y a los sistemas de salud, y pugna por la eliminación de obstáculos físicos y sociales para la movilidad de estas personas.
El texto también prohíbe la discriminación de las personas con discapacidad en todos los terrenos, incluido el de los derechos civiles, los servicios de salud y el acceso al transporte.
La convención define como persona con discapacidad a toda persona que sufra el menoscabo físico, mental o sensorial que limite su habilidad de realizar las actividades de la vida cotidiana.
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera que la futura Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, servirá para acercar los derechos humanos a las personas con discapacidad, un grupo ciudadano especialmente expuesto a violaciones y discriminaciones en todo el mundo.
Aunque el borrador de texto adoptado la semana pasada por el Comité Ad Hoc de la ONU no ha recogido con la amplitud y alcance deseados todas las demandas del movimiento asociativo de la discapacidad, puede considerarse como una herramienta válida que inaugura un marco protector y garantista inédito en el Derecho Internacional y en el sistema de Naciones Unidas.
El CERMI se dirigirá al Gobierno español y al resto de gobiernos de países de la Unión Europea para solicitar que ratifiquen cuanto antes el texto de la Convención y pueda de este modo entrar en vigor y resultar aplicable.
El CERMI ha participado activamente en la última sesión del Comité Especial de la ONU por medio de Ana Peláez, Comisionada de Mujer con Discapacidad de la Entidad representativa, que ha formado parte de la delegación oficial española y ha realizado aportaciones decisivas en materia de género y discapacidad.
