El Pasado 30 de noviembre, el Congreso de los Diputados dio su aprobación definitiva a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, culminando así un proceso de elaboración de la ley que ha durado casi dos años desde que en diciembre de 2004 se presentó el Libro Blanco sobre la Dependencia.
Han sido dos años intensos en los que nuestro movimiento asociativo FEAPS, apoyado solidariamente por el CERMI, ha trabajado para convencer a la Administración y a los partidos políticos de que decir “personas con discapacidad intelectual” es igual, con mayor o menor intensidad en cada caso personal, a decir “persona dependiente”, persona necesitada de apoyos para “poder andar por la vida” en igualdad de derechos que los demás ciudadanos.
En este proceso de diálogo y reivindicación han tenido un papel fundamental las propias familias, quienes han demandado de los legisladores y han reivindicado al propio Presidente del Gobierno la garantía de cobertura del sistema para sus hijos con discapacidad. En esa preocupación, las familias no han estado solas. Nuestras asociaciones y federaciones, nuestros técnicos y nuestros gerentes, FEAPS en su conjunto, han sabido hacer “proyecto común” ante una cuestión que siendo importante en el presente lo será mucho más en el futuro. Y hay que decir que tanto los máximos responsables del Ministerio, como el propio Presidente, como los miembros de los distintos grupos parlamentarios han sido sensibles y receptivos a las principales demandas planteadas.
El resultado es esperanzador. Contamos con una ley que recoge una buena parte de las aspiraciones y demandas del sector, sin duda las fundamentales, aunque quedan otras cuestiones aún no bien resueltas y en las que deberemos trabajar duro y con el mismo afán de cohesión a lo largo del presente año 2007. Una ley con muchas luces, pero también con algunas sombras.
De entre las primeras, hay que destacar una fundamental: las personas con discapacidad intelectual están contempladas como beneficiarias de ley, en la medida en que pudiendo necesitar apoyos para las Actividades Básicas de la Vida Diaria, también necesitan apoyos para su autonomía personal en el seno de la comunidad. Este es un aspecto fundamental, porque en el campo de la discapacidad intelectual los apoyos individuales son esenciales pues conforman su principal palanca para su desarrollo como ser humano. De ahí la importancia de que la ley defina también las distintas intensidades de apoyo, y las contemple, de manera explícita, en el artículo dedicado a los grados de dependencia.
También hay que valorar de forma positiva que se haya incluido finalmente a los menores de tres años como beneficiarios de la ley, de la misma forma que resulta fundamental el texto referido al Programa Individual de Atención, que se hará con la consulta previa y la participación del propio interesado (y, en su caso, la familia o entidades tutelares que le representen). La existencia de programas específicos de carácter preventivo, orientados a las personas con discapacidad, es otro aspecto destacable de una ley cómo ésta que –por primera vez en el ámbito de los servicios sociales, aunque limitado a las cuestiones de la dependencia–, conforma un derecho subjetivo, exigible jurisdiccionalmente, en su nivel mínimo de protección, igual para todos los beneficiarios, con independencia de la localidad donde vivan.
Esta ley es un primer paso de gigante hacia la conformación del cuarto pilar del Estado de Bienestar. Hubiera sido deseable, tal vez, su encuadre en el ámbito no contributivo de la Seguridad Social, así como una mayor concreción en cuanto a los criterios que deben regir el copago por parte de los beneficiarios que tengan recursos. El tiempo, sin duda, y la propia aplicación de la ley se encargarán de ensanchar los límites con los que arranca. Su desarrollo y la evolución del país incorporarán nuevos elementos a la cartera de servicios, que va a requerir en todo caso, un esfuerzo importante para el incremento de la infraestructura necesaria (aún escasa en comparación con las necesidades existentes).
La ley preve su desarrollo a través de la acción colaborativa de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Es sin duda uno de sus puntos con mayor riesgo de conflicto si no se hace un esfuerzo de coordinación entre todos los responsables políticos para pensar más en los contribuyentes y menos en las competencias respectivas.
En todo caso, y en la medida en que son los gobiernos autonómicos los principales responsables de la aplicación y puesta en práctica de esta norma, resulta urgente pensar en leyes de servicios sociales innovadoras que sean capaces de extender y consolidar como derechos universales y subjetivos el resto de los servicios sociales. Es en este terreno en el que las organizaciones miembros de FEAPS, en complicidad con otras organizaciones del Tercer Sector, deberemos estar en actitud de reivindicación permanente. Porque sólo así, conformando este derecho, nuestra sociedad podrá avanzar en la plena igualdad de oportunidades y no discriminación de todas las personas, tengan o no discapacidad.
También las organizaciones del Tercer Sector tienen, tenemos, nuestra parte de responsabilidad en el desarrollo de la ley. Son muchas las organizaciones, en el caso de FEAPS la práctica totalidad, que gestionan servicios de diversa índole. De hecho, nuestra responsabilidad viene, en muy buena parte, porque conformamos una red pública de gestión privada y, por lo que a la discapacidad intelectual se refiere, debemos ser el principal agente para su puesta en práctica. Estamos así ante un nuevo frente de exigencia. Nuestro compromiso con la calidad y la aplicación de ésta como imperativo ético nos obliga a renovar nuestro esfuerzo para gestionar bien, de forma que las personas con discapacidad intelectual vivan sus vidas con calidad.
La ley ha entrado en vigor el primero de enero de este año 2007. Su desarrollo será complejo y no siempre fácil. Las organizaciones tenemos un papel central en el mismo, no sólo como colaboradores en la puesta en práctica, sino como reivindicadores de los derechos de un sector de población con menos posibilidades que el resto. Esta ley ha puesto de relieve nuestra capacidad de reivindicar juntos. Con los tiempos que se avecinan habrá que reforzarla. En el Foro de Oviedo afirmamos que otro mundo es posible. Se abre un horizonte para que, juntos, luchemos por ese mundo mejor.
LECTURA FÁCIL:
El pasado 30 de noviembre se aprobó una ley muy importante para las personas con discapacidad intelectual. Es muy importante porque reconoce los derechos de las personas que necesitan apoyos. Todas los que formamos parte de FEAPS hemos trabajado juntos para conseguir que la ley beneficie a las personas con discapacidad intelectual. La ley ha comenzado a aplicarse este mes, pero falta que las autonomías la desarrollen. Tenemos que seguir luchando juntos para que las personas que necesitan apoyos no sean discriminadas en las diferentes comunidades autónomas.
