El 900 40 60 80 es el número de teléfono que el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha habilitado con el fin de que todas aquellas personas dependientes o que tienen a su cargo a otras en esta situación, puedan consultar qué ventajas y garantías les ofrece la nueva Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que ha entrado en vigor este año. Según ha anunciado el ministro Jesús Caldera, este teléfono estará operativo a partir del próximo 1 de abril de 2007.
JESÚS CALDERA, Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales
Según anunció el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, “todas las personas en situación de dependencia podrán solicitar la evaluación de su situación a la administración autonómica que le corresponda a partir del próximo 1 de abril". Trabajo realizará una campaña institucional de información y ha habilitado un teléfono de información (900-40-60-80) para que todos los ciudadanos puedan informarse del nuevo derecho que les asiste y los pasos a seguir.
Aunque a partir del próximo mes de abril todo ciudadano en situación de dependencia podrá solicitar la evaluación de su situación, durante 2007 sólo recibirán prestaciones los cerca de 200.000 grandes dependientes estimados en España, ya que la aplicación de la norma se realizará progresivamente hasta el 2015 mientras se generan las infraestructuras necesarias.
El Consejo elaborará y aprobará el Reglamento que determine los criterios objetivos de evaluación de las situaciones de dependencia, es decir, el baremo según el cual se valorará la capacidad de las persona para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria y un protocolo con los procedimientos a seguir en este ámbito por las comunidades autónomas.
El segundo reglamento regulará las prestaciones por dependencia que, previo acuerdo con las comunidades autónomas, concentrará en un texto la intensidad de las protección de los servicios, los requisitos y condiciones de acceso a las prestaciones económicas, la capacidad económica del solicitante y su participación en el coste de los servicios, así como la protección mínima garantizada por la administración general del Estado.
Finalmente, el Consejo deberá dar luz verde al reglamento por el cual se incorporan a la Seguridad Social los cuidadores no profesionales cuando se presta el servicio en el entorno familiar. Aunque también requerirá el consenso autonómico, Caldera adelantó que esta incorporación será probablemente al Régimen General y no al de autónomos, lo que significa que el cuidador no tendría que hacer frente al pago de las cuotas.
Una vez aprobado el baremo, todos los españoles que lo deseen podrán solicitar una evaluación en los servicios sociales de su Comunidad Autónoma con el fin de determinar su grado y nivel de dependencia, que acreditará su situación para todo el Estado.
La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, recordó que la Ley ya ha entrado en vigor y que todas las comunidades autónomas pueden comenzar a facilitar prestaciones a sus ciudadanos en el ámbito de sus competencias.
La Ley de Dependencia desarrolla, según comentó Caldera, el cuarto pilar del Estado del Bienestar, con el reconocimiento de un derecho subjetivo y universal para todos los españoles e inmigrantes legales, que supondrá la prestación de servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y noche y centros residenciales) o la dotación de ayudas económicas, en aquellos casos en los que no sea posible la prestación de estos servicios.
