El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha pedido ayer alcanzar un Pacto de Estado en materia de discapacidad promovido por el Gobierno central y que comprometa a los grupos parlamentarios, los agentes sociales y a las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias.
Este gran Pacto “orientaría las políticas públicas sobre personas con discapacidad para la próxima década (2008-2018)”, como ha expresado Pérez Bueno ayer ante la Comisión de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.
En la misma línea, el presidente del CERMI ha propuesto la aprobación de “una ley transversal que proceda a ajustar todo el ordenamiento legal a los valores, principios, mandatos y compromisos de la Convención de la ONU de derechos de las personas con discapacidad”. Ha asegurado que el CERMI está trabajando en ello y pronto presentará la propuesta sobre cómo debe hacerse esa operación de ajuste.
En su comparecencia, Pérez Bueno ha marcado como ejes fundamentales de las políticas la visión garantista y de derechos humanos de la discapacidad; la igualdad de trato; la activación a través de empleo de calidad, la educación inclusiva, la inmersión en nuevas tecnologías, una protección social eficiente y estimuladora y la accesibilidad universal.
También se ha referido a las medidas que contemplan la vida autónoma e independiente de las personas con discapacidad, comenzando por “la autonomía económica dada por un trabajo digno, estable y de calidad”. En este sentido, ha recordado que “estas políticas vigorosas de activación” no se pueden limitar a lo estrictamente laboral, sino que “han de abarcar la educación, la formación, la protección social, la accesibilidad, la fiscalidad, la mentalización y la visibilidad”. En este punto también ha pedido una reforma “profunda de las pensiones no contributivas”.
Sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, Pérez Bueno ha vuelto a expresar el deseo del movimiento asociativo de adelantar la revisión que ha de hacerse de la aplicación al año 2009, en lugar de 2010. El presidente del CERMI ha entregado a los representantes parlamentarios allí presentes un documento que recoge ampliamente la posición del sector de la discapacidad sobre este Sistema y las propuestas para su consolidación y despliegue acelerados.
Otra de las propuestas del Comité es la accesibilidad, tanto en el acceso a las nuevas tecnologías, a los contenidos audiovisuales como a la comunicación oral. En este ámbito, se ha referido a la reforma de Ley de Propiedad Horizontal, para que las comunidades de propietarios asuman completamente el coste de las actuaciones y obras de accesibilidad en los edificios de vecinos. Ésta es una de las cuestiones que mayor número de quejas y reclamaciones plantean las personas con discapacidad ante el CERMI, según su presidente.
La atención y el apoyo a la familia que tiene en su seno a personas con discapacidad ha centrado también gran parte de su intervención. La atención temprana, la inclusión educativa de calidad, la mejora de la atención sanitaria el incremento de nivel de ayudas familiares cuando se presente una discapacidad “son factores que han de integrar las políticas de familia del futuro inmediato”, según Pérez Bueno.
La implantación de un auténtico modelo de atención sociosanitaria; la aprobación de una legislación integral de protección de la víctimas de accidentes de tráfico, el fomento de la investigación; la actualización de la prestación ortoprotésica y de las tecnologías de apoyo a la vida autónoma e independiente y el fomento del deporte y del ocio inclusivo son otras tantas cuestiones planteadas hoy en la Cámara Baja.
El presidente del CERMI ha propuesto que todas estas medidas se completen con dos líneas de acción política transversal: “la atención al factor de género dentro de la discapacidad y la promoción y desarrollo de las personas con discapacidad que habitan en zonas rurales”. Por último, ha solicitado que todas estas propuestas se aborden desde el diálogo con la sociedad civil “para conseguir aumentar la cultura política de la participación responsable”, ha concluido.
Durante su comparecencia, el presidente de la Comisión de la Discapacidad, Jesús Caldera, junto a los representantes políticos de los principales grupos parlamentarios han escuchado y apoyado sus peticiones. Entre los asistentes estaban Emilio Olabarría (Grupo Parlamentario Vasco), María Concepción Tarruellas (CiU); Francisco Vañó (G. Popular) y María José Sánchez Rubio (G. Socialista).
Texto íntegro de la comparecencia
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