El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha analizado esta mañana el contenido del proyecto de Directiva europea contra la discriminación con la presencia del comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia. En el encuentro también ha estado el jefe de la Unidad de Integración de Personas con Discapacidad de la Comisión Europea, Johan Ten Geuzendam, y la jefa adjunta de esta misma unidad, Inmaculada Placencia.
Durante su intervención, Almunia ha destacado que se trata de una directiva horizontal, “no tan completa como al movimiento asociativo de la discapacidad le hubiese gustado, pero que protege a todos los sectores vulnerables y cubre todos los ámbitos donde hay posibilidad de discriminación”. El Comisario europeo ha asegurado que debían elegir entre hacer una directiva horizontal, más general aunque no tan amplia, o avanzan en la propuesta hecha por el CERMI bajo el riesgo de dejar fuera a otros sectores también discriminados.
En su opinión, aunque esta directiva no cumpla todas las expectativas de la discapacidad, se trata de una herramienta importante. Almunia ha animado a respaldar esta propuesta y a trabajar para que en la próxima legislatura europea se pueda conseguir una directiva sectorial y específica para las personas con discapacidad.
En este sentido, el Comisionado del CERMI para Asuntos Internacionales (y Vicepresidente de FEAPS), Alberto Arbide, ha recordado la necesidad de una directiva europea trasversal que tenga en cuenta la discapacidad en todas las políticas europeas. Por su parte, Ana Peláez, miembro del Comité Ejecutivo del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) por parte del CERMI y directora de Relaciones Internacionales de la ONCE, ha explica cada uno de los puntos de discordia que esta directiva europea presenta para las personas con discapacidad.
Artículos en desacuerdo
Peláez ha criticado la falta de ambición de la propuesta, las provisiones con restricciones, una redacción no clara, con contradicciones y una ausencia de temas importantes para las personas con discapacidad. En concreto se ha referido a varios artículos, entre ellos el apartado 7 del artículo 2, donde se hace referencia a la prestación de servicios financieros que podrán “permitir diferencias proporcionadas en el trato cuando, para el producto en cuestión, la utilización de la edad o de la presencia de la discapacidad sea un factor fundamental en la evaluación del riesgo”.
Según Peláez esto entra en clara contradicción con los artículos 12 y 25 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, además, supone la denegación del acceso a los seguros y productos financieros por suponerles un riesgo alto. Asimismo, esto induce a una concepción errónea del cálculo de riesgo en relación con la discapacidad. Por este motivo, el CERMI y el EDF proponen suprimir el párrafo 2.7 de este proyecto de directiva.
Otro de los artículos en desacuerdo es el 3, que supone, según Peláez una limitación del derecho a la educación inclusiva. Se establece, además, el “peligroso precedente” de que los Estados miembro sean libres de organizar sus sistemas de educación con necesidades especiales y no se prevén provisiones para el acceso individualizado. En este sentido, Peláez propone un texto alternativo más amplio que tiene en cuenta a todos los colectivos en su relación con la educación.
El artículo 4, que habla específicamente de la igualdad de trato de las personas con discapacidad, es insuficiente para el movimiento de la discapacidad ya que no define el concepto de “acceso efectivo y no discriminatorio”, no incluye el concepto de “accesibilidad universal”, ni las condiciones de acceso y no tiene en consideración asuntos primordiales para las personas con discapacidad.
Por último, el CERMI y el EDF consideran negativo el hecho de que en el artículo 5, sobre acciones positivas, no se plantee un trato preferencial a las personas con discapacidad.
Durante la celebración de esta jornada han intervenido otros expertos del mundo de la discapacidad como el asesor de Fundación ONCE, Stefan Trömel, y Francisca Pleguezuela, representante del Grupo Socialista Europeo del Parlamento Europeo.
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