

El objetivo es proporcionar los ajustes y apoyos necesarios que sitúen a las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades para el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

“El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia debe ser una herramienta relevante para el desarrollo y aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), a fin de proporcionar los ajustes y apoyos necesarios que sitúen a las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades para el pleno ejercicio de sus derechos humanos”.
Ésta es una de las principales conclusiones de la jornada “La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como marco de referencia del SAAD”, organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Durante el encuentro se destacó la necesidad de potenciar e impregnar el SAAD con el modo de entender la discapacidad plasmado en la CDPD, desde el plano de los derechos humanos, orientado a capacitar y situar a la persona en una posición de igualdad de oportunidades para la que se requieren apoyos. Además se apela al conocimiento de este Tratado Internacional por parte de las Administraciones, los agentes sociales y la ciudadanía para que los profesionales vinculados a este Servicio puedan realizar correctamente su trabajo. En este sentido, el CERMI recuerda que España, como Estado parte, está obligada a promover la formación de estos profesionales.
Otra de las conclusiones destaca que “el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad ha de constituir el eje orientador e informador de todos y cada uno de los desarrollos del SAAD”.
Asimismo, se recogen los principios y derechos establecidos en la Convención que no se ven incorporados materialmente en el SAAD. De esta forma se destaca la libertad de elección del usuario y su participación en el diseño de la atención que recibe; la ausencia o la fragilidad de dispositivos, prestaciones y servicios orientados a promover la vida independiente y la autonomía personal; la accesibilidad en sentido amplio, incluido el derecho a la información; la especial protección de los grupos más vulnerables o la participación efectiva de la ciudadanía con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas.
Por otro lado, durante el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de regular la protección jurídica de las personas institucionalizadas, puesto que los servicios residenciales son una de las prestaciones del SAAD. En este sentido se resalta como necesario aprobar una regulación específica en España para proteger y asegurar que las personas institucionalizadas gocen de los mismos derechos que cualquier otra persona no institucionalizada. Los procedimientos de institucionalización de carácter involuntario deberán ajustarse al tratado, y se establece que las medidas de restricción de la libertad “deberán tener carácter excepcional, y solo en determinadas situaciones podrían ser aplicadas y cumpliendo las salvaguardias y garantías legales y judiciales adecuadas, y siempre que no incurran en discriminación por discapacidad”.
Además, el CERMI cree necesario garantizar que la persona institucionalizada ejerce todos sus derechos y que el hecho de estar “institucionalizada” no es una razón para privarle de los mismos, entre ellos el derecho de visita y comunicación, el de confidencialidad, a la intimidad, etc.
Revisión del SAAD en 2010
Ante la evaluación y revisión del SAAD, que se acometerá en el año 2010, el CERMI considera que se debe potenciar los servicios de promoción de la autonomía personal, incluido el de prevención de las situaciones de dependencia. Para ello es necesario desarrollar los planes de prevención de la dependencia, crear las estructuras para la provisión de los servicios que contempla la Ley y regular con amplitud el servicio de promoción de la autonomía personal. Además, se deben establecer mecanismos de garantía de la equidad y la no desigualdad por razón de territorio en que residen las personas usuarias.
Por otro lado, es necesario “revisar y adecuar las cuantías de las prestaciones económicas para alcanzar niveles mínimos de cobertura del servicio, y por otra parte garantizar la sostenibilidad del SAAD para que se configure como un verdadero derecho subjetivo”. Asimismo, se precisa modificar la actual regulación de la prestación de asistencia personal, para abrirla a todo tipo de personas y para todo tipo de actividades, configurando “una asistencia integral”. También es necesaria la regulación de la figura del asistente en el ámbito laboral de forma específica, incluida la formación.
También se propone crear y dotar en el marco del SAAD recursos necesarios y suficientes para el desarrollo de Oficinas de Vida Independiente en todas las CC.AA., encargadas de extender y difundir este estilo de vida y gestionar este tipo de prestaciones y vigilar su calidad y adecuación.
Por último, el CERMI propone incorporar en la Ley de Autonomía Personal el valor intrínseco de la diversidad que plantea y encarna la Convención, cuya finalidad debe ser la de respetar la diversidad y capacitar a las personas con necesidades de apoyos y a su entorno para el pleno disfrute de sus derechos humanos.
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