Lo adoptado el pasado día 28 es un acuerdo sin rango normativo suficiente y no un Real Decreto como establece la Ley de Autonomía Personal
El Comité lamenta que se haya aprobado un copago “recaudatorio”
De izquierda a derecha, Roser Romero
(Secretaria de Organización de COCEMFE),
Luis Cayo (Presidente del CERMI), Alberto Durán
(Vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE)
y Paulino Azúa (Director de FEAPS)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) recurrirá ante la Justicia el acuerdo de copago adoptado ayer por el Gobierno central y las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por considerar que no se atiene a lo que dispone la Ley 39/2006.
Dicha Norma establece en el apartado 7 de su artículo 14 que la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias de servicios y prestaciones del SAAD se hará por vía reglamentaria (Real Decreto), cuando lo adoptado ayer en el Consejo Territorial es un mero acuerdo, sin rango normativo suficiente.
El CERMI cuenta con informes jurídicos que señalan que el acuerdo no ha respetado las formalidades que exige la Ley por lo que podría ser susceptible de anulación si así lo aprecia un Tribunal.
A lo largo de la tramitación del acuerdo, el CERMI ha alegado este defecto de forma, pero no ha sido tenido en cuenta por el Consejo Territorial.
Respecto a las cuestiones de fondo, el CERMI lamenta que se haya aprobado un sistema de copago “recaudatorio”, contrario a los planteamientos del sector asociativo de la discapacidad, cuyas demandas han sido ignoradas.
Este sistema de copago penalizará especialmente a las personas en situación de dependencia que han realizado un esfuerzo más intenso para, a pesar de las dificultades del entorno, llevar una vida autónoma, participativa y de integración económica en la comunidad.
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a más de 4.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los casi cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
