Con esta nueva recomendación, la institución europea intenta defender la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos humanos y la participación de las personas con discapacidad en el marco político europeo, a través de temas como la educación, la participación en la política, cultura, información y comunicación, empleo, y accesibilidad de las infraestructuras o los transportes.
La Declaración se basa en una serie de principios fundamentales como la no discriminación; la igualdad de oportunidades; la plena participación en la sociedad de las personas con discapacidad; el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad humana; la dignidad y la autonomía individual que incluye la libertad para tomar decisiones propias; la igualdad entre mujeres y hombres; así como la participación de las personas con discapacidad en todas las decisiones que afectan a sus vidas, tanto a nivel individual como a nivel social (a través de sus organizaciones representativas).
Así mismo, el documento se plantea unos objetivos concretos, así como labores de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos.
Los objetivos son los siguientes: la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad; servir de instrumento práctico para las personas que toman las decisiones; ser útil también a aquéllos países que desean desarrollar las políticas y programas ya existentes; ayudar a los Estados miembros a promover políticas activas que prohíban la discriminación y protejan el derecho a la igualdad de oportunidades; satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad proporcionando servicios innovadores; constituir igualmente una fuente de inspiración útil para otros actores involucrados en la discapacidad; y afirmar la noción esencial según la cual las personas con discapacidad y sus representantes deberán ser consultados.
Por su parte, también recoge algunos criterios de aplicación por parte de los Estados Miembros: evaluar con relación al presente Plan de acción las políticas vigentes y los principios fundamentales en los cuales se inspiran; identificar los ámbitos en los cuales son necesarios todavía avances y las acciones específicas que hay que aplicar; elaborar estrategias a fin de ajustar o acomodar sus políticas al presente Plan de acción; y definir unos enfoques comunes y establecer partenariados con los distintos actores afectados.
En cuanto a la evaluación y el seguimiento, las propuestas son: la designación de una sala del Consejo de Ministros apropiada para dirigir estos procesos; el análisis profundo por parte de los Estados de cuestiones relevantes con carácter prioritario; la elaboración de informes regulares por parte de los Estados a la sala designada; y que la sala designada mantenga al Comité de Ministros regularmente informado de los avances realizados en la aplicación del presente Plan de acción.
Azahara Bustos. FEAPS
Acceso al Documento (inglés)
