El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido que se revise el precepto de Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, que excluye a determinadas personas con discapacidad de desempeñar la función de jurado.
Dicha Ley, aprobada en 1995, establece entre los requisitos para ser jurado “el no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de Jurado”.
A juicio del CERMI, se trata de un precepto genérico y plano, que puede permitir interpretaciones restrictivas en cuanto al derecho de participar en los asuntos públicos, incluido el acceso a la Administración de Justicia, de las personas con discapacidad.
Para el CERMI, al contrario de lo que sucede ahora, la Ley debe garantizar los apoyos necesarios, materiales y humanos, para que una persona con discapacidad llamada a ser jurado pueda desempeñar esa función con normalidad y en condiciones de igualdad, evitando prohibiciones genéricas por razón de discapacidad que comprometen los derechos de estas personas.
La actual regulación legal entra en contradicción con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor en España, por lo que es necesario revisarla cuanto antes para que no se produzcan desajustes entre ese Tratado internacional, de carácter prevalente y el derecho interno.
El CERMI, junto con la Fundación ONCE, está examinando todo los sectores del ordenamiento jurídico para comprobar su adecuación o no a los mandatos de la Convención, y promover en su caso las reformas necesarias.
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a más de 4.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
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