FEAPS muestra su preocupación por la grave situación económica de sus entidades en Baleares

Más de 3.000 personas con discapacidad podrían quedarse sin ser atendidas si las entidades a las que pertenecen no reciben en breve el dinero que les adeuda la administración balear.

Por ello FEAPS, en nombre de las miles de familias a las que representa en Baleares, muestra su preocupación por la grave situación económica que atraviesan sus asociados, y recuerda que las políticas sociales deben ser consideradas como una inversión y no como un gasto. Desde las entidades pertenecientes a nuestra federación balear se prestan servicios sociales, educativos y laborales, pero también se evalúa, se gestionan programas, se forma y, en resumen, se trabaja por y para la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familias.

“Imagínese que cierran el colegio dónde estudia su hijo o se queda sin su puesto de trabajo y lo que ello conlleva. Imagínese que nadie atiende el Centro de Día dónde acude su madre, ¿estaría usted preocupado?" – nos comenta el padre de Enrique, una de las personas que acude cada mañana a un Centro Ocupacional”.

El retraso en los pagos que las diferentes administraciones tienen pendientes de abonar en esta comunidad, suma un total de 11 millones de euros. Las entidades han afrontado durante los últimos diez meses esta demora. Además, el actual Ejecutivo autonómico no ha asumido ningún compromiso concreto sobre la forma en que liquidará la deuda y se ha llegado a un límite insostenible que obligará a las entidades a introducir graves recortes o la supresión de las prestaciones, programas y servicios que vienen prestando a las personas con discapacidad y sus familias.

En línea con esta postura ante esta situación que afecta a muchas de nuestras entidades, el presidente de FEAPS –en un discurso realizado ayer en Pamplona con motivo de la celebración de la Jornada “Ciudadanos de pleno derecho”–, destacó que nuestro movimiento asociativo “no puede permitirse dar ni un paso atrás en todo lo conseguido”, y que “los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familiares no se pueden negociar. Ni pueden sufrir recortes”.

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