El Tercer Sector de Acción Social propone a los partidos políticos, de cara a las próximas elecciones generales, que incluyan distintas medidas en sus programas electorales, las cuales “podrían enmarcarse en un Plan de Apoyo y Modernización del Tercer Sector y de impulso de la iniciativa social”, con el objetivo de que las entidades que lo componen puedan ocupar la función que les corresponde en la sociedad y contribuir “de un modo más activo” a la salida de la actual crisis.
Las mayores plataformas que componen el Tercer Sector de Acción Social (TSAS) son: la Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado de España, la Red Europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Entre las medidas que proponen destaca la constitución de una Ley del Tercer Sector de Acción Social, ya que el marco regulatorio que ampara a las entidades que lo componen resulta “inadecuado” para la función que desempeñan en la sociedad y sus retos. En este sentido, según indica, “se necesita un nuevo marco legislativo más acorde con la realidad y la evolución que el sector ha tenido en los últimos años”.
Otra de las demandas que realizan es la creación de mecanismos adecuados de interlocución y de diálogo civil. “Es necesario crear las bases para que en nuestra sociedad se desarrolle el diálogo civil, que va más allá que el diálogo social, dado que ha de ser el espacio en donde se favorece la participación y la consulta de la ciudadanía en los temas clave sobre el desarrollo de la sociedad y la gestión de asuntos públicos”, indica.
Así, señala que el Tercer Sector de Acción Social debe ser “un actor clave” en el desarrollo del diálogo civil y participar “activamente” en el diálogo social a través de: la creación de sistemas de interlocución, consulta y participación “estables”, abordando el conjunto de las políticas sociales; formar parte del Comité Económico y Social; o profundizar y mejorar los niveles de participación sectorial, dotándole de una agenda “más adecuada y más estable”, así como de los medios necesarios, ampliando su interlocución al conjunto de ministerios que se ocupan de las políticas sociales.
Por otra parte, proponen el desarrollo de un sistema de financiación “más justo, adecuado y sostenible”, ya que el entorno de financiación en el que se mueve el sector es “claramente precario y se está deteriorando en las actuales circunstancias económicas”.
Asimismo, también hacen referencia al avance en la identificación de fórmulas adecuadas de acceso al crédito; el establecimiento de una base “estable y suficiente” para la financiación de programas de acción social; el incremento del porcentaje hasta alcanzar el 1% de la cuota de los contribuyentes en el IRPF; o en equiparar los incentivos fiscales y elevarlas hasta el 50%.
Por último, destacan cómo este nuevo marco de financiación influiría también en el fortalecimiento de las estructuras representativas del Tercer Sector; el apoyo al desarrollo de programas para la incorporación de procesos de mejora continua, calidad, eficacia y la “máxima” transparencia financiera y de gestión; y en potenciar el papel de las entidades no lucrativas de iniciativa social en la gestión de servicios y prestaciones a las personas con discapacidad.
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