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La Junta Directiva de FEAPS apoya las nuevas concentraciones de su federación andaluza ante las delegaciones de Empleo

La Junta Directiva de FEAPS apoya las movilizaciones de FEAPS Andalucía ante la Delegación Provincial de Empleo en Sevilla.

La Consejería de Empelo debe 11 millones de euros a FEAPS Andalucía.

Hay casi 6.000 personas con discapacidad intelectual y sus familiares, que se ven afectados por esta situación.

Como señala el Presidente de FEAPS, Juan Cid, " los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familiares no se pueden negociar".

En el día de hoy, a las 12 del mediodía, FEAPS Andalucía ha convocado una concentración ante la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, “por la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual y contra la morosidad de la Consejería de Empleo”.
Madrid, 28 de octubre de 2011.- La Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), reunida hoy, apoya las movilizaciones que está llevando a cabo la federación andaluza, como actos de protesta para denunciar la deuda de 11 millones de euros contraída por la Consejería de Empleo andaluza.

El viernes pasado ya se produjeron movilizaciones en Almería, Córdoba, Huelva y Málaga, y hoy, un nuevo acto de protesta en Sevilla, con el encierro en la sede de la citada Delegación. Las concentraciones previstas para este viernes también se darán frente a las delegaciones provinciales de Empleo de Granada, Jaén y Cádiz, provincias en las que además se paralizarán los servicios de sus asociaciones, y se cerrarán la totalidad de sus Centros Especiales de Empleo (CEE).

Como ya ha señalado FEAPS, en palabras de su Presidente, Juan Cid, el Movimiento Asociativo FEAPS, que representa a más de 90.000 personas con discapacidad intelectual y a sus familias, “no va a renunciar a lo conseguido hasta ahora, ni va permitir perder posiciones para salir de esta crisis. Nuestra trayectoria se caracteriza por la lucha y la responsabilidad; no pedimos imposibles, pero los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familiares no se pueden negociar. Ni pueden sufrir recortes”.

Esperamos que estas graves situaciones, como la que está sufriendo Andalucía, se solucionen lo antes posible, pues están en juego los derechos de cerca de 6.000 personas con discapacidad intelectual andaluzas, cuyos centros especiales de empleo se encuentran al borde de la suspensión de pagos.

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